Reporteros sin fronteras

Chile - Recomendaciones de RSF al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

2013-06-17T17:49:17Z

El 17 de junio de 2013 Reporteros sin Fronteras presentó sus recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ver el documento aquí abajo), que examinará el caso de Chile en la 18a sesión del Examen Periódico Universal (enero-febrero de 2014), semanas después de la elección presidencial. En esta sesión se analiza el desempeño de los Estados miembros de la ONU en el área de derechos humanos y se les recuerda, dado el caso, sus responsabilidades en esta materia.

Reporteros sin Fronteras pide a Chile que adopte una nueva legislación que garantice un equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación en el espacio de difusión. Una ley más igualitaria haría posible un verdadero pluralismo informativo, a través de la existencia de medios de comunicación comunitarios. Cerca de 95% de las publicaciones de prensa escrita se encuentran en manos de dos grupos de comunicación privados: El Mercurio y Copesa, mientras que alrededor de 60% de las estaciones de radio pertenecen al grupo de prensa español Prisa.

La organización pidió al Estado chileno que despenalice los delitos de prensa, en particular el de difamación, como lo hizo Argentina en 2009. El campo de aplicación de la Ley Antiterrorista de 1984 debe ser estrictamente delimitado, pues recientemente se le ha empleado de forma abusiva contra periodistas chilenos y extranjeros en la Araucanía (centro del país).

Reporteros sin Fronteras exhorta a las fuerzas del orden a respetar la integridad física y el trabajo de los periodistas, quienes con frecuencia son víctimas de abusos de la policía, al margen de los movimientos de protesta, y pidió al Ministerio del Interior que sancione a los responsables de eventuales exacciones.

La cobertura de ciertos temas –como la violación a los derechos humanos bajo la dictadura o la situación de los indios Mapuches– sigue siendo delicada. Por ello, la organización pidió al Estado que garantice la seguridad de los periodistas que los investigan, como Mauricio Weibel Barahona, víctima de hostigamiento y de robos después de que publicó un libro sobre la dictadura militar que contenía información de archivos desclasificados.

Recomendaciones presentadas por Reporteros sin Fronteras al Consejo de Derechos Humanos de la ONU:

Brasil - Uma investigação federal deve sancionar os abusos policiais cometidos durante os protestos

2013-06-14T13:30:37Z

Repórteres sem Fronteiras apela à Secretaria de Direitos Humanos e à sua ministra, Maria do Rosário, para que iniciem uma investigação sobre as brutalidades e as graves violações das liberdades constitucionais cometidas pela Polícia Militar (PM) de São Paulo no decurso de manifestações contra o aumento das tarifas de transporte público. O mesmo procedimento deverá ser aplicado, caso seja necessário, a outras cidades em que se tenha constatado violência do mesmo tipo.

“A liberdade de informação é uma das garantias consagradas pela Constituição democrática de 1988. A repressão do movimento social efetuada pela PM foi acompanhada por importantes atropelos a esse direito fundamental. Tais abusos, juntamente com as detenções e agressões direcionadas contra determinados jornalistas, requerem um exame aprofundado e sanções apropriadas. As responsabilidades dos poderes públicos devem ser apuradas”, declara Repórteres sem Fronteiras.

Detido no decorrer das jornadas de protestos de dia 11 de junho, Pedro Ribeiro Nogueira continuava preso no dia seguinte, apesar de um pedido de habeas corpus interposto por seus advogados. De acordo com as nossas fontes, o jornalista de Portal Aprendiz deverá recuperar sua liberdade no dia 14 de junho. Desejando que a liberação chegue o mais depressa possível, Repórteres sem Fronteiras exige a retirada da aberrante acusação de “formação de quadrilha” que pesa sobre ele.

O dia 13 de junho, quarto dia de manifestações, teve com saldo mais duas detenções de jornalistas, felizmente libertados pouco depois. O primeiro, Piero Locatelli, do semanário Carta Capital, foi detido em pleno centro paulista por transportar uma garrafa de vinagre, destinada a atenuar os efeitos das queimaduras provocadas pelo gás lacrimogêneo. Piero Locatelli já por então se havia devidamente identificado aos policiais presentes. O mesmo sucedeu com Fernando Borges, fotógrafo do Portal Terra, retido durante quarenta minutos pela polícia mesmo após ter mostrado suas credenciais profissionais.

No mesmo dia, Giuliana Avallone, da TV Folha, foi atingida num olho pelo disparo de uma bala de borracha de um agente da Rota, a unidade de elite da PM de São Paulo. Seu colega do diário Folha de São Paulo, Fábio Braga, ficou ferido no rosto. Outros cincos jornalistas do mesmo jornal e dois do diário O Estado de São Paulo foram vítimas de ataques com gás lacrimogêneo.

“É preciso lembrar que a polícia militar foi criada durante a ditadura como auxiliar do exército? Seus métodos nunca evoluíram desde esses anos de chumbo”, apontava o jornalista independente Ivan Seixas, coordenador da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo (ver o relatório). Os recentes acontecimentos dão-lhe razão.

Ecuador - Adopción de la Ley Orgánica de Comunicación: buenos principios y cláusulas problemáticas

2013-06-14T09:45:06Z

Tras varios años de controversias y aplazamientos, este 14 de junio de 2013 se decidirá en la Asamblea Nacional si se aprueba la Ley Orgánica de Comunicación. Reporteros sin Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de información, ha participado en el debate de este proyecto de ley desde que el Congreso examinaba la primera versión del texto, en 2010. La organización reitera sus observaciones al momento de esta votación plenaria.

Reporteros sin Fronteras nunca ha cuestionado el principio de una nueva ley acorde con los cambios del paisaje mediático nacional, que también se registran en otros países de la región. Sin embargo, la Ley Orgánica de Comunicación presenta la desventaja de perseguir dos objetivos a la vez: busca ofrecer un nuevo marco técnico de regulación de los medios de comunicación (no se incluye Internet, sólo las plataformas web de los medios de comunicación tradicionales) e influir en la definición del oficio de informar y en las condiciones en que éste se ejerce. El texto habría tenido mayor fuerza y el debate más legibilidad si hubiera existido una clara elección de uno de estos dos objetivos –en nuestra opinión, del primero.

Finalmente, como se conservan ambos objetivos en la ley, lamentamos que no existan disposiciones que despenalicen los delitos de “difamación” e “injuria”, de forma contraria a la tendencia que generalmente se observa en el continente. Confiamos en que con ese propósito se lleve a cabo una reforma –en un corto plazo– del código penal. En cambio, consideramos que las restricciones horarias de difusión impuestas por la ley en nombre de la protección de menores, así como las prohibiciones contra contenidos racistas, discriminatorios o que incitan deliberadamente a la violencia, se adaptan a los estándares jurídicos internacionales. Asimismo, las cláusulas relativas a las cuotas de producción audiovisual nacional responden globalmente a criterios vigentes en la mayoría de los países.

Principios primordiales

La Ley Orgánica de Comunicación reafirma tres principios fundamentales que aprobamos como tales:

el primero (art. 18) prohíbe toda forma de censura previa por parte de las autoridades o de funcionarios públicos;
el segundo concierne a los artículos 37, 38 y 39, que garantizan respectivamente: el derecho de los periodistas a la cláusula de conciencia (que garantiza la independencia en el desempeño de sus funciones), el derecho a la reserva (protección) de sus fuentes y el derecho a mantener el secreto profesional;
el tercero (art. 112) establece el principio de equidad en la distribución de las frecuencias entre los tres tipos de medios de comunicación: públicos, privados y comunitarios, en una proporción de 33% para cada uno de los dos primeros y 34% para los últimos. Este marco de distribución constituye en sí mismo un instrumento importante a favor del pluralismo.

Cláusulas mal estructuradas o peligrosas

Estos objetivos, loables en sí, ¿se cumplirán? Desafortunadamente ciertas cláusulas de la ley hacen temer que no se respeten algunos derechos fundamentales que ésta busca garantizar.

En lo relativo a la libertad de información, consideramos perjudicial un artículo que dispone que “todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, contextualizada y oportuna” (art. 23). ¿Qué criterios permitirán juzgar el valor de una información? ¿Qué autoridad tendrá esta competencia? Ésta no es una de las atribuciones (art. 46) del nuevo Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación instituido por la ley –algunos critican el perfil de los cinco miembros del consejo, por considerarlos demasiado dependientes del poder Ejecutivo.

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tiene el poder de imponer a los medios de comunicación ciertas medidas administrativas en lo que refiere al Derecho de Rectificación, como: disculpa pública y, en caso de reincidencia, multas, para el que no lleve a cabo esta rectificación (art. 24). Lo mismo sucede con el Derecho a Réplica (art. 25) exigido por un tercero. La disculpa pública no se confunde con la rectificación de un hecho imputado. Aquí también, el sentimiento de que se atentó contra el honor o la reputación por la publicación o la difusión de cierta esta información, ¿se convertiría en un criterio para evaluar la “veracidad” de esta información? ¿El Consejo se convertiría en juez de forma paralela a la justicia ordinaria? La futura ley no responde a estas preguntas clave.

Linchamiento mediático

Por otra parte, la ley conservó las “cadenas” –mensajes oficiales que todas las cadenas de radio y televisión están obligadas a transmitir– y con ello una temible herramienta de ofensiva o de réplica gubernamental sin contraparte. Si bien la ley establece un límite: cinco minutos semanales no acumulables de mensajes en cadena para todos los titulares de funciones del Estado, hace una excepción con el presidente de la República y el de la Asamblea Nacional, que pueden usarlos “cuando lo consideren necesario” (art. 77-1). El fuerte clima de polarización que enfrenta al presidente Rafael Correa con ciertos sectores de la prensa privada –de los que Reporteros sin Fronteras conoce los excesos– no se resolverá con la ayuda de esta cláusula.

Asimismo, Reporteros sin Fronteras considera muy peligrosa la propuesta de la parlamentaria María Augusta Calle, quien propone que se tipifique en la ley el linchamiento mediático como “intención sistemática, concertada a través de varios medios de comunicación o de uno solo para destruir el honor o el prestigio de una persona”. Tal añadidura interpondría graves obstáculos a cualquier revelación de información delicada. Constituiría un apoyo a la acusación de “desestabilización”, que el gobierno ha enarbolado con demasiada frecuencia contra quienes le contradicen.

Regulación delicada

La democratización del espacio audiovisual continúa siendo un reto crucial planteado por la ley. Las frecuencias disponibles o que muy pronto serán creadas deberán ofrecer espacio suficiente para permitir que se aplique la regla de distribución en tercios. La prohibición de que se adjudique a la misma persona –física o moral– más de una concesión de frecuencia para matriz de radio AM, una frecuencia para matriz de radio FM y una frecuencia para matriz de televisión (art. 121) podría ofrecer garantías. Esta desconcentración en nombre del pluralismo, que implica otorgar frecuencias, deberá movilizar a su vez al sector público, que concentra una veintena de medios de comunicación. El reto depende finalmente, de la extensión de las facultades de una futura Superintendencia de Comunicación, la cual debe fungir como una instancia de regulación y no como un instrumento de control de contenidos.

Foto exterior: La Hora

Brasil - Assassinato e abusos policiais: os jornalistas pagam caro sua profissão

2013-06-13T14:53:43Z

Repórteres sem Fronteiras condena o assassinato do diretor do diário Hora H, José Roberto Ornelas de Lemos (foto), no estado do Rio de Janeiro, a 11 de junho de 2013. A organização denuncia igualmente os abusos sofridos, no mesmo dia, por alguns jornalistas em São Paulo, no decorrer da cobertura de uma manifestação contra a subida do preço da passagem de ônibus na cidade.

Três profissionais da mídia foram detidos pela Polícia Militar de São Paulo, durante confrontos entre manifestantes e forças da ordem, na Avenida Paulista. Leandro Machado, do diário Folha de S. Paulo, e o fotógrafo Leandro Morais, do portal Universo Online (UOL), foram detidos por terem “obstruído a ação da polícia”, antes de serem soltos uma hora mais tarde. Tal não sucedeu com Pedro Ribeiro Nogueira, do Portal Aprendiz. Acusado de forma absurda de “formação de quadrilha” e “dano qualificado”, permanece preso.

No âmbito dos protestos de dia 11 de junho, agentes da Polícia Militar também agrediram Fernando Mellis, do portal de notícias R7. Testemunha de atos de violência da polícia sobre um manifestante, o jornalista online levou um golpe de cassetete nas costelas, mesmo depois de ter mostrado sua credencial de imprensa às autoridades.

“Exigimos a libertação imediata de Pedro Ribeiro Nogueira, detido por motivos aberrantes. Abusos policiais desse tipo constituem um sério entrave à liberdade de informação. A mídia desempenha um papel crucial nas manifestações, divulgando as queixas dos participantes, relatando a resposta das autoridades e contribuindo a abrir um debate sobre as reivindicações. Os jornalistas não podem ser assimilados aos manifestantes. Por conseguinte, as forças da ordem devem comprometer-se a respeitar a neutralidade e integridade dos profissionais da informação”, declarou Repórteres sem Fronteiras.

44 balas

Repórteres sem Fronteiras expressa igualmente seu horror na sequência do assassinato de José Roberto Ornelas de Lemos, em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense, RJ). O jornalista, de 45 anos, estava numa padaria quando quatro indivíduos num carro dispararam sobre sua pessoa. A vítima recebeu 44 impactos de bala.

De acordo com seu irmão, Luciano, José Roberto Ornelas de Lemos já fora ameaçado por telefone e carros estranhos rondavam por onde ele estava. Para ele, esse assassinato se deve à linha editorial do diário, muito crítico com a polícia e os dirigentes políticos locais.

“Solicitamos à polícia, que já iniciou uma investigação, que esclareça totalmente as motivações desse crime. A pista profissional deve ser tomada em consideração”, declarou Repórteres sem Fronteiras.

José Roberto Ornelas de Lemos é o quarto jornalista morto no Brasil desde janeiro de 2013, em casos provável ou comprovadamente relacionados com sua profissão. O Brasil continua sendo o país mais mortífero do continente americano no que vai de ano.

Colombia - El exilio de periodistas víctimas de un plan de asesinato impone acción amplia contra la impunidad

2013-06-12T15:52:58Z

El 15 de mayo pasado el gobierno colombiano reveló la existencia de un plan para asesinar a tres periodistas. Gonzalo Guillén, León Valencia (foto) y Ariel Ávila debieron optar por un exilio temporal, pese a la protección oficial de la que gozan en su país. Dos de ellos hablaron a Reporteros sin Fronteras sobre el difícil compromiso entre un imperativo de seguridad y el deber de informar, al que no piensan renunciar. Nuestra organización insiste en que se refuercen las medidas de protección otorgadas a estos periodistas y subraya la urgencia de que la conspiración criminal de la que son víctimas sea tratada de forma judicial. Según uno de estos periodistas, un cuarto colega, Tadeo Martínez, del semanario Semana, también está en el punto de mira.

“Los esfuerzos de protección no servirán de nada si no existe un dispositivo de lucha contra la impunidad a la medida de la situación actual. Recientemente se han multiplicado las amenazas, los ataques y los atentados contra periodistas, pero también contra defensores de los derechos humanos, representantes sindicales y activistas de las comunidades. Esto, mientras que las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC –que se llevan a cabo en La Habana– abordan la muy delicada cuestión de la restitución de las tierras usurpadas por grupos paramilitares en pleno conflicto armado”, recuerda Reporteros sin Fronteras.

“Nuestra preocupación respecto a la suerte de estos periodistas se vuelve más fuerte considerando el peligro al que se expone a sus fuentes –algunas de las cuales han sido asesinadas– en La Guajira. Estos periodistas han denunciado los nexos que tiene el gobernador de este departamento con las llamadas ‘Bacrim' (bandas criminales nacidas del movimiento paramilitar) y el narcotráfico. Tal situación pone de manifiesto la urgencia de un verdadero plan de acción contra la impunidad, al que no pueden ser ajenos los políticos comprometidos”, agregó Reporteros sin Fronteras.

“El plan de asesinado del que somos víctimas proviene de las Bacrim lideradas por el narcotraficante venezolano Marcos Figueroa, quien tiene una estrecha relación con el gobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko' Gómez”, recordó a Reporteros sin Fronteras León Valencia, columnista de Semana y director de un programa de análisis de la cadena pública Canal Capital. León Valencia publicó junto con Ariel Ávila –hasta hace poco ambos trabajaban como analistas de la Corporación Nuevo Arco Iris– un informe sobre las peligrosas relaciones de “Kiko” Gómez, cuya campaña electoral recibió supuestamente apoyo directo de Bacrim y de grupos armados, al igual que las de otros 126 políticos.

“Comencé mi investigación sobre ‘Kiko' Gómez en febrero pasado, tras saber del asesinato de Yandra Britto, exalcaldesa de Barrancas, ocurrido hacía varios meses en el departamento. Ella me había contactado para denunciar el asesinato de su marido, que me dijo, había sido ordenado por el gobernador. Según ella, éste la había amenazado personalmente de correr la misma suerte. Pese a que, como le aconsejé, presentó una denuncia penal, esta mujer nunca gozó de protección y fue asesinada en agosto de 2012”, nos cuenta Gonzalo Guillén, corresponsal del diario estadounidense Miami Herald.

Todos estos elementos proporcionados por los periodistas fueron abordados en un artículo de Semana, publicado días antes de que se revelara la existencia de un plan de asesinato y que, al parecer, precipitó el intento de ejecutarlo.

“Mis propias fuentes me habían advertido sobre este plan. A su vez, ellas se encuentran en gran peligro”, explica alarmado Gonzalo Guillén. “Hace algunos días di a conocer a la policía el lugar en que se encontraban los jefes de uno de los escuadrones de la muerte más peligrosos de La Guajira. La persona que me dio esta información fue asesinada poco después. También supe que mataron a balazos al hermano de una de mis escoltas. Finalmente, fuentes me informaron que la banda de Marcos Figueroa, también en La Guajira, secuestró a dos turistas españoles que se sospechaba habían colaborado conmigo”.

Gonzalo Guillén había enviado a la Fiscalía General de la República un informe completo de la situación en La Guajira, justo antes de que se diera a conocer el plan de asesinato urdido contra él y sus colegas. Reporteros sin Fronteras recibió copia de este documento. ¿El envío de este documento contribuyó a exponer aún más al periodista?, ¿de qué manera? En medio de tal situación, Reporteros sin Fronteras teme que persistan las prácticas de espionaje llevadas a cabo desde el DASgate, debido a la infiltración de criminales en los servicios de Inteligencia y en el gobierno. “Un plan de acción contra la impunidad también debe formar parte de esta dimensión de la amenaza”, concluye la organización.

Venezuela - Dos meses después de la elección presidencial, la tensión mediática perdura

2013-06-11T12:47:24Z

La situación de la libertad de información sigue siendo particularmente tensa en Venezuela a casi dos meses de los comicios presidenciales, celebrados el 14 de abril de 2013, tras la elección de Nicolás Maduro a la presidencia de la República.

El pluralismo, en peligro

El 6 de junio de 2013 el periodista Leocenis García, editor del semanario Sexto Poder, comenzó una huelga de hambre frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en Carabobo, estado de Zulia, para protestar por la suspensión del canal privado Atel TV, en Maracaibo (Zulia), el 21 de mayo pasado (ver el video más abajo).

El cierre del canal se debería a presiones ejercidas por la Conatel, lo que ésta no obstante desmiente. Hace varios meses Sexto Poder sostuvo conversaciones con el propósito de comprar este medio de comunicación, "para convertirlo en un canal de noticias independiente". Frente a la decisión de sacar del aire al canal, acabando así con cualquier esperanza de compra por parte del grupo de Leocenis García, éste decidió iniciar una huelga de hambre para defender “el derecho de informar libremente, sin coacción”. No obstante, fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana cuando se encontraba frente al edificio de la Conatel. El 7 de junio compareció en el Palacio de Justicia, en Caracas. En la noche Leocenis García fue puesto en libertad y ahora continúa su huelga de hambre frente al edificio de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la capital.

El gesto de Leocenis García es representativo de las tensiones que persisten en el paisaje mediático del país, cuyo pluralismo –de por sí relativo– se deteriora. El 23 de mayo de 2013 también fue cerrado el canal privado Ciudad TV, en Ciudad Ojeda (Zulia), oficialmente, por razones administrativas, versión rechazada por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP). El cambio de propietarios de Globovisión, principal medio de comunicación de la oposición del país, el 13 de mayo de 2013, implica la partida de algunos directivos y periodistas. Así, el 25 de mayo Francisco Bautista, conductor del programa “Buenas Noches”, fue despedido por haber difundido la víspera extractos de un discurso de Henrique Capriles, principal opositor al gobierno.

Restricciones en el acceso a la información

Desde hace dos meses se han registrado numerosas restricciones en el acceso a la información, en particular en la Asamblea Nacional. A inicios de mayo el director de prensa de la Cámara, Ricardo Durán, ordenó que se restringiera a los periodistas la libre circulación en el edificio administrativo. Pero al parecer, las reglas no se aplican de la misma manera, sino según el medio de comunicación en el que trabajan los periodistas. El 14 de mayo pasado Jeanelie Briceño, de Globovisión, no pudo entrar a la Asamblea, donde se llevaba a cabo una conferencia de prensa de un diputado de la oposición, al igual que otros periodistas de medios de comunicación privados.

A las restricciones registradas en la Asamblea Nacional, se suma el hecho de que, el 3 de junio de 2013 en Maracaibo (Zulia), funcionarios impidieron a la periodista Faviana García y al fotógrafo José Nava, del diario privado La Verdad, entrar a una conferencia de prensa organizada por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales a la que, no obstante, habían sido invitados.

Múltiples ataques

Más grave aún, los ataques contra los medios de comunicación se han multiplicado en estas últimas semanas. El 27 de mayo de 2013 personas no identificadas lanzaron un artefacto explosivo frente a la sede del diario privado Panorama, en Maracaibo (Zulia), que no ocasionó daños. El 15 de mayo pasado, en Ciudad Ojeda (Zulia), desconocidos intentaron quemar un vehículo de Ciudad TV –el director de este medio, Helí Romero, es amenazado desde hace meses–; ocasionaron daños menores.

Ataques que se añaden a los sufridos por numerosos periodistas durante los disturbios registrados el mes de abril, tras la elección de Nicolás Maduro, quien a imagen de su predecesor, reitera los ataques a los medios de comunicación privados –nacionales e internacionales– acusados de “desestabilizar el país”.

"Este clima es perjudicial para la libertad de información, así como para toda la sociedad venezolana, que se encuentra fuertemente polarizada. Hoy más que nunca parece necesario un diálogo entre las autoridades y los medios de comunicación para distender las tensiones. Por ello celebramos la iniciativa del Ejecutivo, que los días 21 y 22 de mayo de 2013 organizó un encuentro con diferentes medios de comunicación privados, y exhortamos a las autoridades a repetir este tipo de reuniones”, declaró Reporteros sin Fronteras.

Estados-Unidos - RSF pide al Congreso estadounidense que cree una comisión que investigue los programas de vigilancia masiva

2013-06-11T09:34:16Z

Reporteros sin Fronteras pide al Congreso de Estados Unidos que cree una comisión de investigación encargada de esclarecer los nexos que existen entre los servicios de Inteligencia estadounidenses y las nueve compañías consideradas los “gigantes de Internet”. La comisión de investigación deberá identificar a todos los países y las organizaciones que hayan participado en el dispositivo de vigilancia masiva puesto en marcha por las autoridades estadounidenses, como lo revelaron estos últimos días el diario estadounidense The Washington Post y el británico The Guardian.

Según estas revelaciones, la empresa Verizon entrega a diario a la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA) los registros de llamadas telefónicas de millones de ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Nueve gigantes de Internet, entre ellos Microsoft, Yahoo, Facebook, Google, Skype y Apple habrían facilitado a la NSA y al FBI el acceso a los datos de sus usuarios. Así, los servicios de inteligencia estadounidenses tendrían acceso a todos los mails, archivos de audio y video, conversaciones de chat y a la información de conexión que circulan en los servidores de estas compañías. Según The Guardian, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (Governement Communication Headquarters, GCHQ), el equivalente británico de la NSA, también tendría acceso a los datos recabados con el programa Prism.

La comisión del Congreso deberá evaluar hasta qué punto los datos recabados y transferidos atentan contra la vida privada y, por ello, contra la libertad de expresión y de información. Los resultados de esta comisión no deberían clasificarse como “secreto de Defensa”, pues estas cuestiones, protección de la vida privada y libertad de expresión, son de interés público.

En su último informe –sometido a votación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 3 de junio pasado– Frank LaRue, relator especial de la ONU, consideraba que la protección de la vida privada es un corolario necesario para la libertad de expresión y opinión. Por su parte, Reporteros sin Fronteras recuerda que el carácter confidencial de los intercambios entre los periodistas y sus fuentes es una condición necesaria para el ejercicio de la libertad de información.

Mientras que el gobierno de Obama reconocía el 7 de junio pasado la existencia de estos dos programas de vigilancia masiva, las compañías acusadas de participar en el programa Prism negaron estar implicadas y dijeron incluso ignorar su existencia.

Según este documento, el programa Prism comenzó a funcionar en 2007 con la aprobación del Congreso.

En un comunicado de prensa publicado el 6 de junio Microsoft aclaraba su posición respecto a la transmisión de información a las autoridades estadounidenses:

Proporcionamos datos de nuestros clientes sólo cuando recibimos una orden legal o una citación para ello y nunca de forma voluntaria. Además, respondemos a estas peticiones sólo cuando corresponden a una cuenta o un identificador preciso. Si el gobierno tiene un programa de seguridad nacional voluntario más amplio para recabar datos del cliente, no participamos en él.

El 7 de junio en un comunicado titulado “What the …?”, que expresaba la sorpresa de Google, este gigante californiano aseguraba:

No participamos en ningún programa que diera al gobierno de Estados Unidos –o a cualquier otro gobierno– acceso directo a nuestros servidores. El gobierno estadounidense no tiene acceso directo o una ‘puerta trasera' a la información almacenada en nuestros centros de datos. Escuchamos hablar del programa llamado Prism hasta ayer.

Ese mismo día Mark Zuckerberg, director general y fundador de Facebook, reaccionó en su propia página Facebook en términos muy parecidos:

Facebook no es ni ha sido parte de ningún programa para dar a Estados Unidos o a cualquier otro gobierno acceso directo a nuestros servidores. Nunca recibimos una solicitud secreta u orden judicial de ninguna agencia gubernamental pidiendo información o metadatos masivos, como la que recibió Verizon. Y si ese fuera el caso, habríamos luchado contra ella enérgicamente. No habíamos oído hablar de Prism antes de ayer.

Estados-Unidos - Proceso Manning: el acceso de los medios de comunicación, una cuestión crucial

2013-06-06T16:59:12Z

Reporteros sin Fronteras acoge con relativa satisfacción la decisión de la coronel Denise Lind, juez del distrito militar de Washington que presidirá el juicio de Bradley Manning, de autorizar que dos taquígrafos transcriban partes del proceso.

Esto, gracias a la iniciativa de la Freedom of the Press Foundation. Cuando se abrió el proceso, el 3 de junio pasado, esta organización, junto con otros 22 grupos de prensa y asociaciones de defensa de la libertad de información, firmó una carta en la que se hacía esa petición a la presidenta de la corte marcial de Fort Mead (Maryland), encargada de juzgar al soldado. La carta recuerda, sin embargo, que se trata de una solución por default, ya que inicialmente la jurisdicción recibió 350 solicitudes para cubrir el proceso y sólo otorgó 70 acreditaciones.

“Una corte marcial no puede ser ajena al principio de difusión de los debates judiciales, en vigor en todo Estado considerado democrático. Asimismo, es incomprensible que no se haya previsto ninguna transcripción oficial para este proceso, a fortiori, en un caso de interés público de esta importancia. La presencia de dos taquígrafos constituye una garantía, cierto, pero bastante débil si se consideran las restricciones impuestas en este juicio”, declaró Reporteros sin Fronteras.

La remuneración de los taquígrafos, cuyo costo se calcula ascenderá a entre 60.000 y 120.000 dólares, no está a cargo del tribunal militar. Ésta depende de una suscripción creada por la Freedom of the Press Foundation, que ha reunido hasta la fecha 70.000 dólares. Por otra parte, relegados fuera de la sala del tribunal, en un salón reservado a la prensa, los taquígrafos no tendrán acceso a todos los debates, pues la misma Denise Lind estableció que, de 150 testigos, la audiencia de 24 de ellos será a puerta cerrada.

Bradley Manning, presunto informante del sitio web WikiLeaks, es juzgado por haber trasmitido a este sitio un famoso video de un bombardeo del ejército estadounidense sobre Bagdad en 2007, en el que murieron dos empleados de la agencia informativa Reuters. Bradley Manning es uno de los seis “informantes” (whistleblowers) juzgados por el gobierno de Obama con base en la Ley de Espionaje (Espionage Act) del 1917 por filtración de información confidencial a medios informativos. Se espera que su proceso concluya el próximo 23 de agosto.

“La caza de fuentes informativas nunca había sido tan intensa en el país de la Primera Enmienda. El efecto desastroso producido por el reciente caso de obtención de los registros telefónicos de la Associated Press relanza el debate sobre una ley a escala federal que garantice a los periodistas la protección de sus fuentes. Pero, ¿qué fuentes se atreverán a confiarse a periodistas sobre temas delicados y casos de interés público si de forma paralela a la adopción de tal ley el proceso de Bradley Manning sirve para poner ejemplo?”, se interroga Reporteros sin Fronteras.

Francia - Clarificación

2013-06-06T10:45:06Z

El presidente de Reporteros sin Fronteras, Dominique Gerbaud, el presidente de RSF International, Gérald Sapey, y el Secretario General, Christophe Deloire, recuerdan que Robert Ménard dejó la organización en 2008.

Desde entonces Robert Ménard no desempeña ninguna función en RSF. Sus posturas políticas no están relacionadas de ninguna manera con la organización de la que fue uno de los fundadores en 1985 y que dirigió durante 23 años.

Reporteros sin Fronteras promueve la libertad de información, la independencia de los medios de comunicación y el pluralismo en el mundo. Ayer como hoy, defendiendo concretamente a los periodistas y luchando contra la censura, la organización sirve uno de los fundamentos de la democracia.

Reporteros sin Fronteras cuenta con un Secretariado Internacional en París, diez oficinas en el mundo y más de 150 corresponsales en los cinco continentes. Posee un estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, la Unesco y la Organización Internacional de la Francofonía.

Irán - Contra la censura electoral, RSF hace recomendaciones a los periodistas extranjeros

2013-06-06T08:36:03Z

Mientras que el acceso a Internet fue bloqueado –incluyendo las páginas web de los dignatarios del régimen, salvo los sitios cercanos al Guía Supremo– y se asfixia a la prensa, las autoridades intentan ahora desanimar a los periodistas extranjeros de poder entrar al país.

200 solicitudes de visado “verificadas minuciosamente”

El 29 de mayo de 2013 Mohammad Hosseini, Ministro de Cultura y Orientación Islámica, pidió al Ministerio de Inteligencia “verificar minuciosamente las solicitudes de visado de los periodistas extranjeros que desean cubrir las elecciones presidenciales del 14 de junio con el fin de evitar que, como sucedió en la elección anterior, espías sionistas vengan a Irán”. Esta declaración tuvo lugar después de que, el 18 de mayo, el director de medios de comunicación extranjeros del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica anunciara que “200 periodistas de 105 medios de comunicación y de 26 países habían presentado una solicitud de visado para cubrir las elecciones”.

Esta declaración incita a los periodistas extranjeros a no ir a cubrir el escrutinio o provoca que, una vez en el país, no se separen de la línea oficial impuesta por el régimen. El Ministerio de Cultura y Orientación Islámica forma parte del comité –conformado por funcionarios de tres ministerios: Inteligencia, Interior y Asuntos Exteriores– que decide si se otorga o no el visado a los periodistas.

La información, un gran reto

Las agencias de prensa presentes en el país no pueden abordar temas delicados y se ven obligadas a aceptar en su redacción a supuestos “periodistas”, que en realidad son agentes de los servicios de inteligencia. Así, la cobertura realizada por la prensa extranjera de la represión que padecen sus colegas, así como la sociedad civil en Irán, constituye un gran reto.

“Esperamos que los periodistas extranjeros que finalmente puedan asistir a las elecciones aprovechen esta oportunidad para informar al resto del mundo sobre la represión efectuada por las autoridades iraníes en contra de las libertades fundamentales, en particular de la libertad de información. Asimismo, confiamos en que alertarán lo más posible sobre el calvario que padecen los periodistas iraníes encarcelados”, declaró Reporteros sin Fronteras.

“A diferencia de sus colegas locales, los profesionales de los medios de comunicación extranjeros podrán entrevistarse con las familias de los 54 periodistas y netciudadanos encarcelados. Esta es una oportunidad única para recordar a la comunidad internacional que hay ciudadanos que están encarcelados desde hace años simplemente por haber ejercido el derecho fundamental de informar a sus conciudadanos”, agregó Reporteros sin Fronteras.

“Los dos candidatos a las elecciones precedentes –Mir Hossein Mousavi, ex primer ministro y propietario del diario suspendido Kalameh Sabaz (al igual que su esposa, la exitosa escritora Zahra Rahnavard), y Mehdi Karoubi, ex presidente del Parlamento y propietario del diario suspendido Etemad Melli– fueron encarcelados el 24 de febrero de 2011. Ubicados bajo arresto domiciliario, desde entonces están privados de todos sus derechos. Las autoridades declararon oficialmente que estaban libres. Si tal es el caso, los periodistas deberían poder contactarlos y escucharlos”.

Un escrutinio bajo el signo de la amenaza

La guerra de clanes en las altas esferas del poder y las tensiones entre la comunidad internacional y Teherán han colocado esta elección bajo el signo de la amenaza y el miedo. Entre el 17 y el 27 de mayo pasados, los diarios Bahar, Tabnak, Hezbollah, Kayhan, Vatan Emrooz, Sharvand, Iran, Haft Sobeh, Madromsalari recibieron advertencias de la Comisión de Autorización y Vigilancia de la Prensa, órgano de censura del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. Según la ley iraní de medios de comunicación, “la advertencia es la primera etapa antes de la suspensión”. El sitio web del diario Madromsalari, que pertenece a Mostafa Kavakabian, candidato invalidado por el Consejo de Guardianes de la Constitución de la República Islámica, así como los sitios web Ibnanews y Seratnews, cercanos a los conservadores, fueron cerrados oficialmente por órdenes del grupo de trabajo dedicado a la lucha contra los “contenidos ilegales”.

Usted entra en un país “Enemigo de Internet”

Todos los periodistas extranjeros serán alojados en el hotel Laleh International. Allí tendrán una conexión a Internet, ubicada bajo alta vigilancia, como toda la Red en Irán. “Enemigo de Internet”, Irán se encuentra entre los cinco países mencionados en el Informe Especial sobre Vigilancia en Línea de Reporteros sin Fronteras.

La organización recuerda a los periodistas extranjeros algunas medidas de protección elementales que pueden poner en práctica en su visita a Irán.

Antes de partir

● Si es posible, llévese un ordenador virgen. Lo ideal es realizar una reinstalación completa del sistema operativo (Windows, OS X o Linux).

● Si por su actividad requiere llevar documentos, porte consigo sólo los que realmente necesitará y encríptelos con el programa PGP (enlace en inglés) o, más simple, con TrueCrypt (enlace en inglés).

● Actualice su sistema operativo. Cuando se encuentre en el país no lleve a cabo ninguna actualización, incluso si Windows se lo pide.

● Active su firewall (o cortafuegos, un dispositivo de seguridad que bloquea las conexiones (trasmisiones) no deseadas entrantes y salientes, que permite prevenir ciertos tipos de intrusión).

● Instale un antivirus con las definiciones y actualizaciones más recientes.

● Proteja su ordenador y su equipo móvil con una contraseña: ésta permite bloquear el acceso a su puesto de trabajo.

● Encripte el disco duro: es inútil bloquear el ordenador o el teléfono móvil con una contraseña si no cifra también todo el contenido del disco duro. Para hacerlo con Windows utilice Bit locker o TrueCrypt. El sistema Mac OS X de Apple contiene una herramienta de encriptado, FileVault (preferencias del sistema -> seguridad).

● Instale VPN (redes virtuales privadas, enlace en inglés), un software que permite crear un túnel de comunicación cifrado entre su ordenador y un servidor ubicado fuera del país. Su uso hará extremadamente difícil que intercepten sus comunicaciones en el país. El uso de VPN también le permitirá evadir eventuales bloqueos de sitios y servicios web establecidos por el régimen. Instale VPN antes de partir, pues en Irán las VPN no oficiales, es decir, no controladas por el régimen, están prohibidas. Por lo que el acceso a sitios web que ofrecen este tipo de servicio se encuentra bloqueado.

Medidas de seguridad a adoptar en el país

A fin de evitar la instalación de un malware (enlace en inglés) en su ordenador, es importante tener una buena “higiene electrónica”.

● No dé clic en enlaces enviados por un remitente desconocido.

● No descargue ningún programa del que desconozca la procedencia.

● No acepte solicitudes de contacto de desconocidos en las redes sociales.

● Identifique sistemáticamente el remitente de un mail antes de abrir los archivos que contiene adjuntos.

● Utilice sistemáticamente su VPN, previamente instalado, cuando se conecte a Internet.

● Proteja su navegación con el uso del protocolo https (enlace en inglés) como garantía de seguridad: cuando navegue en Internet, el uso del protocolo https le permite asegurarse de que sus contraseñas no circulan de forma visible en la red.

● No use Skype para enviar información delicada. Como es un programa ampliamente utilizado, Skype es blanco de numerosos softwares malignos. Además, la confidencialidad de las comunicaciones a través de Skype no está garantizada (enlace en inglés).

● Codifique su comunicación: la interceptación de mails es frecuente en Irán. Para garantizar la confidencialidad de la comunicación con su redacción intercambie mails encriptados con PGP (enlace en inglés) o cifre sus “chats” con el programa pdgin y el protocolo OTR.

● El envío de un mail encriptado es visible en Internet. Si bien el régimen no puede conocer el contenido de un mail cifrado, puede conocer el remitente y el destinatario. Así que sea cuidadoso cuando envíe un mail codificado. Piense en la situación de la persona a quien le envía el correo.

● Cree una o dos direcciones de correo electrónico que no estén relacionadas con el medio de comunicación para el que trabaja y sólo utilice esas. Así podrá enviar mails de forma discreta, “perdido entre la multitud”, y no llamar la atención de las autoridades sobre el contenido de su mail, potencialmente interesante.

● También puede enviar sus mails a una sola dirección creada especialmente para ese viaje. Un tercero de confianza que se encuentre fuera del país y conozca la contraseña de esta cuenta se encargará de enviar los mensajes a los destinatarios correspondientes a partir de otro buzón de correo electrónico. Esto le permitirá ocultar quiénes son los destinatarios de sus mails cuando se encuentre en el país.

En caso de corte de Internet o de que la Red se vuelva muy lenta

No es raro que la velocidad de la red disminuya considerablemente durante manifestaciones o ante la cercanía de acontecimientos de importancia. La lentitud o el corte de la Red duran poco. Continúe filmando o escribiendo, guarde su trabajo en un dispositivo USB y encripte la información (con Truecrypt por ejemplo). Es más fácil esconder y transportar un dispositivo USB que un ordenador. Para enviar su trabajo al medio de comunicación para el que trabaja, use una conexión vía satélite. Cuidado, ya que el uso de comunicación satelital se detecta con facilidad. No se quede demasiado tiempo inmóvil cuando envíe los documentos, cambie con frecuencia de lugar. Si requiere enviar archivos muy pesados, hágalo en varias partes. El software permite cortar un archivo en varios segmentos.

Teléfonos móviles

Su teléfono móvil es una herramienta que contiene y envía mucha información importante (enlace en inglés). Los dos principales operadores de telefonía móvil, Mobile Communication Company of Iran e Irancell, están en manos de los Guardianes de la Revolución. Además de la información enviada y recibida, su teléfono o smartphone conserva un buen número de datos en la carta SIM, en la memoria interna y en las eventuales memorias insertadas.

● Si es posible, bloquee su teléfono con una contraseña. Toda carta SIM posee un código PIN por default. Cámbielo y bloquee su carta SIM con ese código.

● Si su teléfono funciona con el sistema Android, puede emplear numerosas herramientas para cifrar su navegación en Internet, sus chats, SMS y mensajes vocales con las herramientas creadas por el Guardian Project y Whispersys.

● Desactive las funciones de geolocalización de sus aplicaciones. Sin embargo, informe a alguien de sus desplazamientos.

● En la medida de lo posible, no conserve el historial de navegación. Si se encuentra en un país que emplea medios de vigilancia de teléfonos móviles o si cree que es vigilado de cerca debido a sus actividades, es preferible que no use el teléfono móvil para comunicarse. Opte por los encuentros cara a cara.

● Si no quiere separarse de su teléfono móvil durante entrevistas delicadas, quítele la batería antes de acudir a la cita. Incluso sin la carta SIM, los teléfonos móviles envían mucha información a las torres de comunicación cercanas, lo que permite localizarlos (número IMEI, IMSI, TMSI, red celular). Programas IMSI catchers permiten interceptar estas señales y detectar a un poseedor de carta SIM identificado previamente. Por cuestión de memoria, no es posible quitarle la batería a un iphone.

Marruecos - RSF condena las recientes trabas a la libertad de información en el Sáhara Occidental

2013-06-04T15:21:55Z

El 21 de mayo de 2013 se impidió entrar en territorio marroquí a José María Santana, periodista de la radio Cadena SER en Las Palmas y corresponsal del diario español El País en las Islas Canarias, cuando éste llegó al aeropuerto de El Aaiún (norte del Sáhara Occidental) en un vuelo proveniente de Las Palmas.

“El rechazo que sufrió José María Santana es un síntoma de la crispación de Rabat sobre la cuestión saharaui. Si bien podemos reconocer que José María Santana presentó su solicitud de acreditación un poco tarde, su expulsión plantea la cuestión de las dificultades de acceso al Sáhara Occidental que enfrentan los periodistas y se inscribe en una política más amplia de obstaculización a la libertad de información, impuesta por las autoridades marroquíes en este territorio. El gobierno marroquí limita al máximo la entrada a esta zona de testigos que podrían ser molestos, como los observadores internacionales, los miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos y los periodistas. Pedimos al gobierno marroquí que garantice el acceso al territorio saharaui a los profesionales de la información, así como a los observadores extranjeros. Estos, deben contar con libertad para trabajar en todo el territorio sin trabas ni control”, declaró Reporteros sin Fronteras.

Aunque legalmente sólo se requiere una autorización previa para realizar reportajes en video, el 21 de mayo de 2013 a las 12:48 horas la dirección de la Cadena SER envió al Ministerio de Comunicación marroquí una solicitud de autorización de trabajo para su enviado especial.

La dirección de la Cadena SER, contactada por Reporteros sin Fronteras, indica que entre la hora de envío del fax y la del embarque de José María Santana, éste recibió una llamada telefónica del Consulado marroquí en Canarias en la que le recomendaban “no subir al avión”.

José María Santana, entrevistado por la organización, cuenta que cuando llegó al aeropuerto de El Aaiún, hacia las 17:00 horas, debió responder a las numerosas preguntas que le hizo un gendarme y que finalmente se vio obligado a tomar un vuelo a Las Palmas ese mismo día, sin haber podido salir del aeropuerto.

El Ministro del Interior marroquí, cuestionado por Reporteros sin Fronteras el 31 de mayo, reconoció que el periodista español no había podido entrar en el territorio marroquí, pero que no podía proporcionar más explicaciones. Días más tarde, en una carta enviada a la organización, el Ministerio de Comunicación justificó la decisión, señaló que no se dejó entrar a José María Santana en el territorio por “falta de una cobertura reglamentaria y legal” de su visita periodística.

El periodista deseaba realizar crónicas para la radio Cadena SER con ocasión del cuarenta aniversario del comienzo de las actividades del Frente Polisario (movimiento político armado del Sahara occidental, creado en 1973, que se opone a que Marruecos controle la región) y del octavo aniversario de la Intifada saharaui. Su viaje también debía coincidir con la visita de tres eurodiputados, prevista para el 22 de mayo. Es la tercera vez en dos años que se le niega la entrada al Sáhara Occidental a este periodista.

El 6 de marzo de 2013 fueron expulsados del territorio cuatro eurodiputados y cinco asistentes parlamentarios que debían efectuar una misión de observación para el Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en la región (enlace en francés: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gNIibi48_5FGXJL8KqsdwIBrLamA?docId=CNG.73cb3aec362ec69f5dfe30fb0069705f.471).

Asimismo, el sitio informativo Lakome publicó información según la cual la edición de L'Economiste du Faso, nuevo semanario del grupo marroquí Eco-Médias, lanzado el 13 de marzo pasado (enlace en francés: http://burkina24.com/news/2013/03/medias-burkinabe-voici-leconomiste-du-faso/), impreso en Marruecos y distribuido en Burkina Faso, fue bloqueado el 24 de abril pasado antes de que fuera enviado a Burkina Faso. El motivo: “la redacción burkinesa de L'Economiste había ilustrado una nota sobre el Sáhara (Occidental, ndlr) con un mapa de las fronteras aceptadas internacionalmente, es decir, con una separación entre el territorio y el resto de Marruecos”, explicó el sitio web Lakome. Contactado por Reporteros sin Fronteras, Abdelmounaïm Dilami, presidente-director general de Eco-médias, reconoció que “la aduana se había negado a dejar pasar esta edición” y explicó que, en efecto, había “una diferencia de color” entre el territorio saharaui y el resto del país. Como no tenían tiempo para presentar un recurso legal contra tal medida, la dirección del diario aceptó quemar los 5.000 ejemplares impresos e imprimir un nuevo número, con un nuevo mapa, agregó Abdelmounaïm Dilami.

El mismo 24 de abril, según Lakome, la entrevista que se hizo en Atlantic Radio –también propiedad del grupo Eco-Médias– a la investigadora Khadija Mohsen Finan del IRIS (Institut de Relations Internationales et Strategiques), sobre el giro de Estados Unidos respecto a la ampliación de la misión de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) para que también vigile la situación de los derechos humanos, provocó “la cólera del Palacio”. Para la investigadora, el cambio de actitud de Estados Unidos constituye una “pequeña victoria de la diplomacia marroquí”. Este episodio le costó el puesto al jefe de redacción de Atlantic Radio, Bachir Thiam; la dirección de Eco-médias lo niega y asegura que el cambio de puesto estaba previsto desde hace mucho.

RSF exhorta al Consejo de Derechos Humanos a validar el informe del Relator Especial Frank LaRue sobre cibervigilancia

2013-06-03T09:39:49Z

Reporteros sin Fronteras celebra el informe de Frank LaRue, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, que será sometido a votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 3 de junio 2013. Este informe, dedicado a la vigilancia de Internet por parte de los Estados, muestra el impacto que ésta tiene en los derechos humanos en general y en la libertad de información en particular.

Reporteros sin Fronteras exhorta a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a que voten este informe, que puede y debe ser un primer paso para el establecimiento de mecanismos internacionales y regionales restrictivos. Por primera vez, la comunidad internacional se ocupa del problema de la vigilancia de Internet. Reporteros sin Fronteras acoge aún con más esperanza esta iniciativa dado que la organización ha abordado este tema desde hace cerca de diez años (ver la nota Empresa y DH - Inglés -). Reporteros sin Fronteras ha denunciado en varias ocasiones las artimañas de los Estados y las empresas en lo que respecta a la vigilancia de la población, en particular en su Informe Especial sobre Vigilancia en Línea publicado el 12 de marzo de 2013 (Día Mundial contra la Cibercensura).

Este informe subraya que en la actualidad ningún Estado está exento de desvíos securitarios ligados a este tipo de vigilancia. Frank LaRue muestra que el uso de herramientas tecnológicas que permiten espiar a los ciudadanos no es exclusivo de los Estados autoritarios. En especial, menciona las leyes sobre terrorismo, la seguridad nacional o la lucha contra la gran criminalidad, en vigor en numerosas democracias, que autorizan la cibervigilancia y siguen la pista de “blancos vulnerables”, entre los que se encuentran los periodistas (párrafo 52: "Journalists are also particularly vulnerable to becoming targets of communications surveillance because of their reliance on online communication").

El relator especial subraya que la “violación a los derechos humanos” que representa la vigilancia en Internet tiene un impacto negativo en los periodistas (párrafo 51).

Cuando menciona el uso de datos personales y el respeto de la vida privada, considera que en el caso de los periodistas y sus fuentes, los efectos de la vigilancia de sus comunicaciones llegan a ser desastrosos (párrafos 26 y 52).

Asimismo, este documento señala la necesidad de: adaptar legislaciones a menudo obsoletas (párrafo 50) y/o imprecisas, establecer un delito para poder sancionar la vigilancia ilícita y de instaurar un control jurisdiccional (párrafo 54) de estas prácticas, en especial de la obtención y conservación de datos personales. También preconiza el informar y sensibilizar a los ciudadanos y los usuarios. Al igual que Reporteros sin Fronteras en su Informe Especial sobre Vigilancia en Línea, el relator especial toma muy en serio la amenaza que representan las “nuevas formas de vigilancia” (párrafo 62), como la tecnología ofensiva de intrusión informática (por ejemplo los troyanos) o la interceptación legal.

Reporteros sin Fronteras alaba el llamado que hace Frank La Rue a la responsabilidad de los Estados. Estos no sólo tienen la obligación de respetar los derechos, sino también y sobre todo, de protegerlos (párrafo 76). Por otra parte, la organización coincide con sus recomendaciones en lo que concierne al sector privado (párrafo 97: "States must take measures to prevent the commercialization of surveillance technologies, paying particular attention to research, development, trade, export and use of these technologies considering their ability to facilitate systematic human rights violations").

En efecto, la organización considera que tales recomendaciones conciernen no sólo a los Estados, sino a los actores privados (intermediarios técnicos, empresas de la Web, fabricantes y exportadores de material de vigilancia). Por otra parte, Reporteros sin Fronteras pide que se impongan sanciones a las empresas implicadas en actividades de vigilancia perjudiciales para la libertad de informar.

En ese sentido, Reporteros sin Fronteras confirma la tendencia observada en este informe por Frank LaRue: "the burden of such policy is transferred to private intermediaries" (párrafo 46). La organización ha denunciado con frecuencia el creciente poder y los desvíos del sector privado en materia de vigilancia.

México - Una periodista obligada al exilio atestigua las fallas en la protección de periodistas

2013-05-27T15:34:27Z

Reporteros sin Fronteras publica este 27 de mayo de 2013 una entrevista realizada recientemente a Verónica Basurto Gamero, quien se vio obligada a dejar México a inicios del mes de marzo pasado. La periodista independiente, originaria del Distrito Federal, relata en este video las circunstancias de peligro que la llevaron a exiliarse. También denuncia las deficiencias del nuevo Mecanismo para la Protección de Periodistas y de defensores de los derechos humanos, que en su caso fracasó en lo que concierne a disminuir los riesgos ligados a su actividad profesional. 48 personas, 13 de ellas periodistas, gozan de este mecanismo, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación y fue puesto en marcha en octubre de 2012.

Verónica Basurto investigó durante ocho meses, junto con su colega francesa Laurence Cuvillier, del canal France 24, las graves irregularidades que marcaban investigaciones de casos de secuestro –como el de la ciudadana francesa Florence Cassez–, procesos indebidos en los que estaban inmiscuidos funcionarios de alto nivel. Las periodistas empezaron a dar a conocer las torturas y presiones que padecían los acusados y ciertos testigos en esos casos.

En los meses de enero y febrero pasados, Verónica Basurto fue víctima de repetidas amenazas de muerte y de persecuciones. Rápidamente se dio cuenta de que el dispositivo de seguridad que se le había ofrecido no le garantizaba una protección real. "Renuncié a mi trabajo de investigación. No retomaré nunca más mi investigación por falta de protección del Estado mexicano, que tiene que garantizar la seguridad integra de mi familia y mi libertad de expresión. Por desgracia, muchos periodistas ejercemos nuestro trabajo con miedo", nos dijo Verónica Basurto.

La periodista fue apoyada en un inicio por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); después recibió ayuda de las principales ONG internacionales de defensa de la libertad de información (Reporteros sin Fronteras, Freedom House, Committee to Protect Journalists). Ahora vive en España.

Las críticas de Verónica Basurto al Mecanismo para la Protección de Periodistas –reacción tardía de las autoridades, lentitud burocrática, dispositivo demasiado laxo (“no es confiable ni tiene credibilidad”)– desafortunadamente son las mismas que hacen numerosos periodistas mexicanos, cuya situación de seguridad es más que nunca preocupante. Así, Jorge Carrasco, reportero del semanario Proceso que fue gravemente amenazado tras haber investigado en el estado de Veracruz el asesinato de su colega Regina Martínez, tuvo que ponerse a salvo en Europa por un tiempo (breve). Así, la periodista y escritora independiente Anabel Hernández, sufrió graves amenazas después de que reveló los presuntos nexos entre ciertas organizaciones criminales y el ex secretario de Seguridad Pública, hoy destituido, Genaro García Luna. En marzo pasado Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones lograron que se mantuviera tres meses más la escolta permanente que le otorgaron las autoridades del Distrito Federal. Por desgracia, la periodista podría dejar de gozar de este dispositivo de protección en junio próximo.

“La difusión del testimonio de Verónica Basurto no sólo recuerda un caso. Se trata de un llamado al fortalecimiento de las medidas destinadas a proteger a los periodistas que se encuentran en peligro. Al mismo tiempo, este proceso implica que se emprendan verdaderas investigaciones sobre el origen de las amenazas y los ataques de los que son víctimas los periodistas protegidos por este mecanismo o que podrían serlo. La protección no es posible si no existe una lucha contra la impunidad”, declaró Reporteros sin Fronteras, que recuerda que en México, en una década, han sido asesinados 86 periodistas y otros 17 han desaparecido.

Foto exterior: Cuartoscuro

Bolivia - Una radio comunitaria fue destruida por enfrentamiento de manifestantes

2013-05-24T15:20:52Z

Reporteros sin Fronteras reprueba la destrucción de la estación de radio AM 1.080 La Voz de las Mayorías, en Caranavi (a 160 kilómetros de La Paz), ocurrida el 21 de mayo de 2013. Esta radio comunitaria, que forma parte de la Red de Radios de los Pueblos Originarios, fue destruida por los enfrentamientos entre dos federaciones de colonizadores (campesinos migrantes del altiplano): la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCA) y la Federación Agraria Especial de Colonizadores de Carrasco.

Manifestantes irrumpieron en la estación –cuyas oficinas se encuentran en las instalaciones de la FAPCA– reclamándole su parcialidad. El periodista Franz Eddy Loza tuvo que escapar tras ser amenazado de muerte; se refugió en la casa vecina. Los manifestantes destrozaron y desmantelaron el equipo del medio de comunicación. "De la radio no queda nada. Yo tengo algunos papeles como la Licencia de Funcionamiento, pero nada más", explicó Franz Eddy Loza a Reporteros sin Fronteras.

Durante los enfrentamientos, otros periodistas también fueron amenazados o agredidos por los manifestantes, como el camarógrafo Juan Carlos Mazarro de Radio Televisión Caranavi, a quien golpearon y le quitaron su cámara. Una treintena de personas resultó herida.

"En 2012 varias radios fueron blanco de atentados con dinamita, como la radio comunitaria Radioemisoras Bolivia 1.450 Khz AM, el 26 de junio. Los medios de comunicación deben dejar de pagar por la violencia generada por los conflictos sociales y políticos. Debe respetarse el trabajo y la integridad física de los profesionales de los medios de comunicación", declaró Reporteros sin Fronteras.

Estados-Unidos - El abuso de la Espionage Act es perjudicial para la libertad de información

2013-05-22T16:08:12Z

Reporteros sin Fronteras constata con preocupación la frecuencia inédita con que el gobierno de Estados Unidos ha emprendido procesos legales por casos de filtración de información, apoyándose en la ley de espionaje (Espionage Act) del 15 de junio de 1917. Desde que Barack Obama asumió su cargo, seis “informantes” (whistleblowers) han sido objeto de procesos legales con base en la Espionage Act. Desde la adopción de la Espionage Act, los gobiernos anteriores habían usado esta ley por casos de filtración de información sólo en tres ocasiones: en 1973 (en el famoso caso de los Papeles del Pentágono sobre la Guerra de Vietnam), en 1985 y en 2005.

Esta caza de fuentes –efectuada en menosprecio de los principios de la Primera Enmienda– afecta directamente la actividad de los periodistas, sobre quienes recae la sospecha de atentar contra la seguridad del país, cuando estos no han hecho sino cumplir su deber profesional.

“Hoy se anunció que el presidente Barack Obama no desea que los periodistas enfrenten juicios por hacer su trabajo. Lo que no reduce la contradicción entre, por un lado, la intención de promover una ley federal que garantice el respeto del secreto de fuentes shield law, por la que pugnamos, y, por otro, la obsesión de conspiración que lleva a las autoridades federales a seguir el rastro del trabajo de los periodistas y de sus fuentes”, consideró Reporteros sin Fronteras.

Cuatro de los seis procesos de los que son objeto los whistleblowers fueron abiertos en 2010, el más conocido fue el del soldado Bradley Manning. El último proceso, emprendido en 2012, dio como resultado el 25 de enero pasado la condena del ex agente de la CIA, John Kiriakou, a treinta meses de prisión por haber filtrado información sobre los métodos de interrogatorio empleados por la agencia con sospechosos acusados de “terrorismo”. “El público estadounidense tiene derecho a saber cómo se comportan sus agentes federales en situaciones en que se plantea la cuestión del respeto a los derechos humanos”, agregó la organización.

Tras el caso de la obtención de los registros telefónicos de la agencia The Associated Press, The Washington Post reveló en su edición del 20 de mayo de 2013 los procedimientos de espionaje de los que fue objeto James Rosen, corresponsal del canal Fox News en la capital. El diario informa que el FBI obtuvo información de su credencial magnética de entrada al Departamento de Estado, así como el registro de sus llamadas telefónicas e incluso examinó el contenido de su cuenta de correo electrónico personal, con el fin de descubrir su fuente, que le había filtrado documentos clasificados. La fiscalía acusó a James Rosen de ser “cómplice o colaborador”, pero el periodista no ha sido inculpado formalmente, en este proceso emprendido en 2010 contra el ex consejero de seguridad del Departamento de Estado Stephen Jin-Woo Kim, quien está acusado de haber entregado a James Rosen documentos relativos al disparo de un misil de Corea del Norte en respuesta a las sanciones de la ONU contra el régimen de Pyong Yang.

Haití - Queda por esclarecerse el móvil tras la muerte de un corresponsal de la estación Radio Kiskeya

2013-05-21T15:18:15Z

Reporteros sin Fronteras espera conocer lo antes posible las razones por las que Baudelaire Augustin le disparó a Pierre-Richard Alexandre, corresponsal local de la estación nacional Radio Kiskeya, el 17 de mayo de 2013 en Saint Marc (región de Artibonite, norte). El periodista falleció tres días después debido a sus heridas, pese a una intervención quirúrgica cuyos resultados parecían alentadores. Pierre-Richard Alexandre también era conductor de un programa diario de debate político de la estación local Radio Delta.

“Expresamos todo nuestro apoyo a la esposa, los dos hijos y los colegas de Pierre-Richard Alexandre, cuyo compromiso profesional era reconocido. El arresto de su presunto asesino, Baudelaire Augustin, debería permitir conocer rápidamente si se trata de un crimen relacionado con su actividad periodística. En todo caso, la seguridad de los periodistas sigue siendo un tema preocupante en Haití, en medio de un clima político marcado por tensiones puntuales”, declaró Reporteros sin Fronteras.

Pierre-Richard Alexandre se encontraba en su domicilio de Saint Marc cuando un incidente vecinal provocó el disparo mortal. ¿Se trató de una bala perdida o de un disparo intencional? La investigación deberá determinarlo. El periodista de 40 años de edad, que fue herido en el abdomen, parecía recuperarse tras su hospitalización. No obstante, falleció la noche del 19 al de 20 de mayo.

El gremio ya había perdido a uno de los suyos en marzo pasado, cuando fue asesinado Georges Honorat, quien fue director del semanario Haití Progrès y últimamente fungía como asesor en comunicación del primer ministro. Aunque en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa creada por Reporteros sin Fronteras Haití se encuentra mejor clasificado respecto a años anteriores (ocupa el lugar 49 de entre 179 países), en el país no han acabado los recurrentes problemas de seguridad que enfrentan los periodistas. En ese sentido, Reporteros sin Fronteras reitera su petición de que se sepa la verdad respecto a la agresión sufrida por un equipo de Radio Télé Ginen el 8 de mayo pasado en Puerto Príncipe, durante la audiencia del ex presidente Jean-Bertrand Aristide. Éste había sido citado a comparecer por la investigación del asesinato de Jean Dominique, director de Radio Haití Inter, ocurrido el 3 de abril de 2000.

Estados-Unidos - Recomendaciones de RSF para una ley federal de protección de fuentes

2013-05-17T13:07:39Z

El hecho de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya obtenido los registros telefónicos de la agencia The Associated Press (AP) recuerda que es urgente la creación de una “ley escudo” (shield law) a escala federal que garantice a los periodistas la protección de sus fuentes. Reporteros sin Fronteras reivindica esta propuesta desde hace varios años.

“No puede hablarse de libertad de información sin la protección de las fuentes de los periodistas. Espiar las investigaciones y los reportajes periodísticos va contra los principios de la democracia”, recuerda Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras.

La Casa Blanca señaló que presentará en el Senado una propuesta de ley en ese sentido. Tras este anuncio, la organización formula cinco recomendaciones precisas.

1 – La futura “ley escudo” debe reafirmar el principio de la protección de fuentes como pilar de la libertad de información, garantizada por la Primera Enmienda.

El lazo de confianza que une al periodista con sus informantes implica que éste pueda proteger su anonimato, sobre todo si obtiene de ellos información delicada. La falta de tal garantía representa un obstáculo importante para que un periodista o un medio de comunicación pueda cumplir su deber de informar. No debería vulnerarse el secreto de las fuentes de los periodistas, salvo en casos excepcionales y específicos contemplados por la futura ley (cf. aquí abajo).

2 – La futura ley debe imponer una estricta restricción de las excepciones en que no se protegerá el secreto de las fuentes.

La derogación de la regla del secreto de fuentes debe ser objeto de una solicitud precisa, detallada y notificada. Además, debe estar sujeta a un recurso legal y no debería aplicarse sin un control jurisdiccional previo.

Podría contemplarse una excepción de la aplicación del secreto de fuentes si:

la identificación de la fuente es realmente indispensable para impedir que se cometa un atentado contra la integridad física o la vida de una o varias personas.

la identificación de la fuente es realmente indispensable para impedir un ataque inminente a la seguridad del territorio o los intereses vitales de la nación (lo que no se justifica en el caso de la AP, agencia que el 7 de mayo de 2012 dio cuenta de un atentado frustrado por la CIA).

3 – La futura ley debe ampliar (a más personas) el beneficio de la protección de fuentes.

No sólo los periodistas deben contar con la protección de sus fuentes, también debería incluirse al conjunto de colaboradores de las redacciones y a todas las personas que contribuyen en la colecta, el tratamiento, la elaboración, producción y difusión de información, cualesquiera que sea el vector. Así, los productores de documentales, los autores de libros de tipo periodístico –incluso si no se les considera formalmente como “periodistas”–, al igual que los blogueros y los netciudadanos implicados en la gestión informativa, deben gozar de la protección de sus fuentes.

4 – La futura ley debe aumentar los contenidos cubiertos por la protección de fuentes.

La protección de fuentes debe incluir no sólo la identidad de la persona que proporcionó la información, sino también la información que permitiría identificar a dicha persona. Así, la protección de fuentes también debe abarcar los contenidos que no se publican o difunden, al igual que los datos personales (números telefónicos, correos electrónicos) que pudieran facilitar esta identificación.

5 – La futura ley debe prever sanciones en caso de violación de la protección de fuentes.

La futura ley debe establecer el delito de “violación del secreto de fuentes periodísticas”, esta violación incluye la búsqueda de la fuente, el uso de toda información que le concierna, la divulgación de su identidad, a fortiori en público. Finalmente, debería considerarse una circunstancia agravante el que la infracción a la ley sea cometida por una persona que ocupa un cargo público (autoridades).

Guinea Ecuatorial - Censuran Facebook y sitios web de la oposición en plenas elecciones

2013-05-14T16:17:55Z

Reporteros sin Fronteras condena el bloqueo del acceso a Facebook y a ciertos sitios web de la oposición llevado a cabo por el gobierno de Guinea Ecuatorial el 12 de mayo de 2013. Entre las páginas de Internet desactivadas se encuentra la del principal partido opositor: Convergencia para la Democracia Social (CPDS), cuyos candidatos participarán en las elecciones legislativas y municipales que se realizarán el 26 de mayo de 2013. Por el contrario, el sitio web del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), en el poder, continúa funcionando perfectamente.

“Este acto de censura efectuado por orden presidencial es deplorable y constituye un atentado grave a la libertad de información”, declaró Reporteros sin Fronteras. “Denunciamos esta ofensiva del presidente Teodoro Obiang Nguema contra la equidad del proceso democrático, sobre todo durante el periodo electoral”, agregó la organización.

Según Samuel Obiang Mbana, corresponsal de la Agence France Presse en Guinea Ecuatorial, “Facebook fue desactivado en todo el territorio ecuatoguineano a petición de la presidencia y del gobierno, tras el anuncio de una manifestación de estudiantes y opositores al régimen contra Obiang Nguema prevista para próximo el 15 de mayo”.

Esta acción de las autoridades ecuatoguineanas ha ocasionado un descenso de 75 por ciento de la facturación de los cibercafés de Malabo en espacio de dos días, lo que demuestra el impacto del bloqueo del acceso a la información.

Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial desde hace 34 años, forma para de la lista de “Predadores de la Libertad de información” creada por Reporteros sin Fronteras y publicada el 3 de mayo de 2013. Asimismo, Guinea Ecuatorial ocupa el lugar 166 de entre 179 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de la organización.

Estados-Unidos - Obtención de los registros telefónicos de la Associated Press: RSF denuncia un “abuso gravísimo”

2013-05-14T12:44:02Z

Reporteros sin Fronteras considera una falta de respeto gravísima a la libertad de información la violación, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los historiales de llamadas telefónicas de la agencia The Associated Press (AP).

En una carta con fecha del 10 de mayo de 2013, el Departamento de Justicia notificó a la AP que obtuvo los registros de 20 líneas telefónicas de la agencia durante los meses de abril y mayo de 2012. Sin embargo, la carta no precisa los motivos ni los argumentos jurídicos de tal procedimiento.

Esta interferencia habría tenido el objetivo de identificar quién reveló a la agencia de noticias información sobre una operación de la CIA en Yemen. En una nota difundida el 7 de mayo de 2012 la AP reveló una operación de la CIA que buscaba impedir un atentado de Al Qaeda en un avión que se dirigía de Yemen a Estados Unidos. Los registros obtenidos incluyen las llamadas hechas desde los teléfonos de varias oficinas de la AP en Estados Unidos y desde su número principal en la sala de prensa de la Cámara de Representantes, así como de los teléfonos personales de reporteros y editores, entre ellos los cinco periodistas y un editor que trabajaron en la noticia difundida el 7 de mayo de 2012.

“Suscribimos las palabras de Gary Pruitt, director general de la AP, que en una carta enviada el 13 de mayo de 2013 al Fiscal General, Eric Holder, denuncia una ‘una intromisión masiva y sin precedentes'”, declaró Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras. “Reporteros sin Fronteras pide al Departamento de Justicia que acceda sin demora a la demanda de la AP, que exige la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias. Asimismo, consideramos que hechos que contravienen las garantías constitucionales requieren un examen en una comisión de investigación del Congreso”.

“Reporteros sin Fronteras constata con pesar que el actual gobierno federal no rompió con las prácticas llevadas a cabo bajo el doble mandato de George W. Bush, que sacrificaron la protección de los datos personales y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a ser informados, garantizado por la Primera Enmienda”, agregó Christophe Deloire. “Este caso demuestra la necesidad de una ley federal relativa a la protección de fuentes (federal shield law). Un principio que 34 estados de la Unión reconocen, en diversos grados, en su legislación”.

Colombia - Amenazan de muerte a ocho periodistas en el norte del país

2013-05-10T17:36:13Z

Ocho periodistas fueron amenazados de muerte a través de un panfleto firmado por el Grupo Anti-restitución de Tierras. Esta lista negra fue distribuida el 6 de mayo de 2013 en Valledupar, en el departamento de Cesar, al norte del país (verla aquí abajo). El escrito, en el que aparece la foto de una ametralladora, indica que estos profesionales de los medios de comunicación tienen 24 horas para salir de la ciudad y les advierte que si siguen cubriendo –“metiendo sus narices”– los casos relacionados con la restitución de tierras serán las próximas víctimas. El panfleto constituye una advertencia para "todos los periodistas", considerados “objetivos militares”.

Los ocho periodistas amenazados son: Herlency Gutiérrez (RCN Radio), Jaime José Daza (Maravilla Stereo), Damaris Rojas (Al Día), Renier Asprilla (El Heraldo), Katia Ospino (UNO, CM&), Óscar Arzuaga (La Tribuna del Cesar de Radio Guatapuri), Ubaldo Anaya Flórez (TV RPT) y Martín Mendoza (Caracol Televisión, El Pilón). Todos ellos trabajan el tema de la restitución de tierras a los campesinos, cuyas propiedades fueron usurpadas por los grupos paramilitares durante el conflicto armado que obligó a una gran parte de la población al desplazamiento.

“Denunciamos estas amenazas, que provienen de un grupo probablemente ligado a los paramilitares. Expresamos nuestra gran preocupación por los periodistas amenazados, quienes deben gozar de protección, aunque dos de ellos ya estaban con protección. Asimismo, debe emprenderse una investigación lo más rápido posible con el fin de que se esclarezca de dónde provienen exactamente estas amenazas”, declaró Reporteros sin Fronteras. “Corresponde a las autoridades hacer todo lo necesario para que cesen las intimidaciones de los grupos paramilitares contra periodistas, así como contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, campesinos y sindicalistas”, agregó la organización.

Esta amenaza no constituye un hecho aislado. Hace dos semanas el mismo grupo había amenazado de muerte a líderes del movimiento campesino a favor de la restitución de tierras, en el mismo departamento. Algunos de ellos fueron asesinados, otros renunciaron a reclamar sus tierras debido a este clima de amenazas en varios departamentos.

Estas intimidaciones tienen lugar dos años después de que el gobierno colombiano aprobara la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (10 de junio de 2011), que ordenaba se devolvieran dos millones de hectáreas a unas 400.000 familias desplazadas por la violencia desde 1991. Oponiéndose a esta ley, diversos grupos armados buscan desde entonces bloquear el proceso, apoyados por varios sectores económicos y políticos de la sociedad.

Leer el panfleto firmado por Grupo Anti-restitución de Tierras: