Portada - Informe Mundial

Uruguay

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32 entre 179 en la última clasificación mundial

• Superficie: 176.220 km2

• Población: 3.400.000

• Idioma: español

• Jefe del Estado: José Mujica (desde marzo de 2010)

El país representa una excepción en un continente dominado por una fuerte polarización mediática. La despenalización de los delitos de prensa ha sido aprobada en el Congreso. El acceso a la información pública, garantizado por una legislación reciente, sigue topándose con la negativa de los militares a entregar los archivos de la dictadura.

Al este del Río de la Plata son muy raros los ataques directos a la prensa. En un continente caracterizado por una fuerte polarización mediática, Uruguay representa una excepción. En 2007 el país adoptó una legislación muy innovadora, relativa a los medios comunitarios; y después, en 2008, de una ley de acceso a la información pública. En ambos casos, antes de ser votadas por el Congreso y promulgadas por el Presidente de la República, se confió la elaboración de los textos a un grupo de trabajo ad hoc, en el que estaban la administración, la sociedad civil y representantes de la profesión. El mismo método se ha utilizado para la redacción de un importante proyecto de ley, que modifica la actual legislación de prensa y reforma el código penal. En conformidad con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las enmiendas se refieren a la supresión del delito de “desacato”, así como la despenalización de la “difamación”, las “injurias” - salvo en caso de atentado deliberado a la vida privada - y el “insulto a los símbolos patrióticos”. La reforma, impulsada por el presidente Tabaré Vázquez y aprobada en Consejo de Ministros en octubre de 2008, ha sido aprobada en el Congreso. A pesar de lo animoso del panorama, el país sigue sin saldar sus cuentas del pasado, en particular las de la dictadura militar (1973-1985). La Ley de Caducidad, aprobada en referéndum tras la vuelta a la democracia, que enjugaba la mayor parte de los crímenes, de nuevo suscita debates y han empezado a incoarse procesos de militares. Sin embargo, el acceso a la información pública conseguido con la nueva ley sigue topándose con la negativa de los militares a entregar sus archivos, y algunos periodistas han recibido amenazas. El tratamiento de asuntos sensibles, como la corrupción o los abusos de la fuerzas del orden, también representan focos de inseguridad. Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de junio de 2009, seis meses después de que se adoptase unánimemente en el Senado, la ley que despenaliza los delitos de “difamación”, “injuria” y “ultrajes” cometidos a través de la prensa fue promulgada el 9 de julio de 2009. Una de las modificaciones más importantes de la nueva legislación es la relativa al artículo 336 del código penal, dedicado a la despenalización de la difamación en nombre del “interés público” de una noticia. Esta misma modificación, en nombre del mismo criterio, protege también las manifestaciones o representaciones de tipo humorístico o caricatural. En caso de presunto perjuicio a la vida privada, la “intención de perjudicar” deliberada se debe establecer para que se pronuncie una condena.