Portada - Informe Mundial
Son numerosas las agresiones directas contra periodistas cometidas abiertamente por funcionarios, policías, líderes sindicales, incluso por los dirigentes electos. A este hecho se suman los actos de censura e intimidación del gobierno. La impunidad persiste en los casos más graves.
El número de ataques contra los medios de comunicación, de agresiones y amenazas de muerte contra los periodistas es tradicionalmente elevado en un país aún marcado por años de guerra civil; el conflicto armado que enfrentó al ejército y a Sendero Luminoso dejó 70,000 muertos entre 1980 y 2000. Ahora, los asesinatos son raros. La particularidad peruana tiende sobre todo a las agresiones directas contra periodistas cometidas abiertamente por funcionarios, policías, líderes sindicales, incluso por los dirigentes electos. A este hecho se suman los actos de censura e intimidación del gobierno, que tras sucesos violentos buscan culpables entre los medios de comunicación.
Así, el 8 de junio de 2009 la radiodifusora La Voz de Bagua, ubicada en la región amazónica, fue condenada al silencio acusada de incitación a la violencia. Siete meses más tarde Televisión Oriente, en Yurimaguas, perdió su licencia de difusión por orden del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como La Voz de Bagua, Televisión Oriente cumplía con todos los requisitos legales que le autorizaban a transmitir. Y como en el caso de la estación de radio, las autoridades argumentaron que el canal no había respetado los plazos estipulados en las normas. La Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, había amenazado públicamente con clausurar aquellos medios de comunicación que “apoyaran” los actos violentos contra las fuerzas del orden. Esto, tras el sublevamiento de las poblaciones indígenas, en junio de 2009, contra las concesiones mineras otorgadas a empresas multinacionales en territorios ancestrales.
Por su parte, Alejandro Carrascal Carrasco (condenado a un año de prisión por “difamación” en enero de 2010), director del semanario Nor oriente en Bagua, condenado por "difamación" a un año de cárcel el 12 de enero de 2010, fue liberado por decisión de la Corte Suprema, el 18 de junio de 2010. No obstante, a lo largo del mismo mes, otro periodista fue condenado a un año de cárcel por el mismo motivo y encarcelado: Oswaldo Pereyra Moreno, presentador del programa "Hora 13" de Radio Macarena en San Lorenzo en el norte del país.
A inicios de 2009, Raúl Wiener, jefe de investigación del diario La Primera, fue víctima de un curioso proceso por “delitos contra la tranquilidad pública y terrorismo”. Esto sucedió después de que el periodista revelara la apertura de un proceso similar contra trece personas sospechosas de tener nexos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El caso provocó un escándalo en el Congreso y obligó al gobierno a desmentir toda implicación del periodista.
En los casos más graves, la justicia se demora o pasa de largo. Respecto al asesinato del periodista de radio Alberto Rivera Fernández, cometido en 2004, los procesos judiciales han dado increíbles giros para librar de su responsabilidad a los funcionarios involucrados. El 8 de febrero de 2010, la Corte Suprema de Justicia de Lima exoneró al ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, y a un ex funcionario del mismo municipio, Solio Ramírez Garay, por “no haber encontrado suficientes pruebas”, pese al desacuerdo de la familia de la víctima. Un precedente grave que podría convertirse en una señal de impunidad.
Ficha reactualizada en junio de 2010
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