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México

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La ofensiva federal contra el narcotráfico emprendida en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón –que moviliza 50.000 militares– ha dejado como resultado, casi cinco años más tarde, un saldo de más de 40.000 muertos en todo el país. Más de 15.000 de estas muertes se registraron tan sólo en el año 2010. Esta guerra que no se llama por su nombre se desarrolla junto a una sangrienta batalla entre los cárteles por el control del tráfico de droga, lo que ha provocado una trágica degradación de las condiciones de trabajo de los periodistas. Aunque esta situación afecta a todo el territorio, el norte del país, bastión tradicional de los cárteles, es la zona geográfica que representa el mayor riesgo. Desde hace varios años los cárteles de Sinaloa, del Golfo y de Juárez forman parte de la lista anual de Predadores de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.

A la responsabilidad del crimen organizado en esta ruptura del Estado de Derecho, se suma la de las autoridades, por complicidad o negligencia. Las violaciones de los derechos humanos atribuidas a la policía y al ejército, así como la corrupción de los dirigentes políticos, con frecuencia implicados en delitos de tráfico de estupefacientes, constituyen un freno en las investigaciones sobre los ataques y los crímenes cometidos contra los periodistas y sus redacciones. En el último trimestre del año 2010, 8% de los efectivos de la policía federal mexicana fue despedido por sospechas de colusión con el narcotráfico. Un estudio de Artículo 19 y del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) atribuyó 49.03% de los ataques a las autoridades y 26.45% al crimen organizado en el año 2010.

Con 80 periodistas asesinados desde el año 2000 y otros catorce desaparecidos desde 2003, México se clasifica como el país más peligroso del continente para los medios de comunicación. En 2010 fue el segundo país más mortífero para la prensa, junto con Irak y sólo detrás de Paquistán.

Los usuarios de redes sociales tampoco están a salvo de las represalias. Por haber alertado en Twitter y Facebook sobre un posible ataque del crimen organizado contra una escuela de Veracruz, María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera pasaron un mes tras las rejas entre agosto y septiembre de 2011. Finalmente se retiraron los cargos de “terrorismo” y “sabotaje” presentados contra ellos. El año 2011 también estará marcado por el asesinato de María Elizabeth Macías, jefa de redacción del periódico Primera Hora, editado en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas (este). La periodista, que poseía un blog, también utilizaba las redes sociales para informar sobre las actividades del crimen organizado en la región.

Ninguno de estos crímenes ha sido elucidado realmente por la justicia. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dedicada a la lucha contra los ataques a los periodistas, no ha obtenido ningún resultado importante desde su creación, en febrero de 2006. Frente a la escalada de terror, la autocensura o el exilio son cada vez con más frecuencia la alternativa de los periodistas condenados a ejercer su profesión bajo amenazas.

Sin embargo, en el plano jurídico hubo un avance: la despenalización de delitos de prensa a escala federal, promulgada en abril de 2007. Un convenio para la instrumentación del “Mecanismo para la Protección de Periodistas” fue ratificado a nivel federal en noviembre de 2010, pero aún se espera que éste entre en vigor.

Ficha reactualizada en septiembre de 2011