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La nueva Constitución, impulsada por el presidente Rafael Correa y aprobada por referéndum el 28 de septiembre de 2008, reafirma el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión y a una información plural. Por ello, prohibe la creación de cualquier tipo de “oligopolio o monopolio, directo o indirecto, en la propiedad de los medios de comunicación y el uso de frecuencias” (art. 17-3). No obstante, el proyecto de ley de Comunicación propuesto por la presidencia suscita una fuerte controversia. Presentado el 21 de noviembre de 2009 ante la Asamblea Nacional, el texto podría ser adoptado en mayo de 2010. Los puntos más polémicos conciernen a la creación de un nuevo estatuto para los periodistas, la definición de la información “que podría atentar contra la seguridad nacional y el orden público”, lo que implica una posible censura y por lo que se aplicarían fuertes sanciones.

Algunos meses después de su investidura, el jefe de Estado creó un canal de televisión público nacional, que hasta entonces no existía. El servicio público fue completado con una estación de radio y un periódico, el gobierno compró El Telégrafo. Tres años después, el 6 de abril de 2010, una veintena de periodistas de El Telégrafo anunció que renunciaría al diario debido a la censura interna. El Estado administra también otros tres canales: TC Televisión, Gamavisión y CN3, los dos primeros fueron embargados a empresarios acusados de “malversación”. Globalmente las relaciones son aún tensas entre el Palacio de Carondelet y la prensa privada.

En un clima de polarización acrecentada, la hostilidad contra los periodistas ha aumentado en el país. Desde el inicio del año 2010 hemos registrado más de una docena de agresiones, en ocasiones violentas, contra trabajadores de los medios de comunicación. El 16 de septiembre de 2009, la corresponsal en Quito del canal latinoamericano Telesur, Elena Rodríguez, fue agredida con una rara brutalidad. Una carta anónima confirmaba que la violenta agresión estaba ligada a su actividad profesional.

En lo que respecta a los medios de comunicación de oposición, Teleamazonas se salvó por poco de perder su frecuencia. En abril de 2009 fue condenada por primera vez por difundir imágenes taurinas fuera de los horarios autorizados. Un mes más tarde el canal privado fue objeto de otro proceso por denunciar, después de las elecciones generales del 26 de abril de 2009, la existencia de un centro de escrutinio clandestino, así como posibles “fraudes electorales”. En junio, fue abierto un tercer proceso del mismo tipo contra el canal por la transmisión de un reportaje sobre las consecuencias medioambientales de un proyecto de la compañía petrolera venezolana PDVSA llevado a cabo en el Golfo de Guayaquil. Finalmente, el 22 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Telecomunicaciones ordenó la suspensión de la señal de Teleamazonas durante tres días, como consecuencia de uno de los procesos administrativos emprendidos contra el medio de comunicación por “difusión de información falsa”.

Los delitos de “difamación”, “injuria” y “calumnia” siguen siendo motivo de prisión. Milton Chacaguasay Flores, director del semanario La Verdad, acababa de cumplir una pena de prisión por “injurias” cuando fue encarcelado de nuevo, el 9 de julio de 2009, debido a una nueva condena por el mismo motivo; fue al fin liberado a inicios del año 2010. Él se había atrevido a tratar temas de corrupción que involucraban a magistrados.

Ficha reactualizada en abril de 2010

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El presidente Rafael Correa propuso en 2009 la creación de una nueva Ley de Comunicación con el objetivo de que existiera una mejor distribución de las frecuencias entre los diferentes medios de comunicación: comunitarios, públicos y privados (un tercio para cada uno). Varias veces debatida en la Asamblea Nacional, a tres años de su primer examen, la ley aún no ha sido adoptada. Ciertos puntos, como la regulación de contenidos o el estatus de los periodistas, siguen siendo muy polémicos. Por otra parte, debe reexaminarse por completo el funcionamiento del sistema de atribución de frecuencias y de la autoridad que las administra, a fin de que las condiciones de aplicación de la ley sean aceptables.

Por su parte, el Estado ha invertido mucho en el área de comunicación, sobre todo en la televisión. Esto, en medio de un tenso clima con los medios de comunicación privados, que casi poseían el monopolio antes de la llegada de Correa al poder. Así, se creó la cadena nacional de televisión Ecuador TV y se reactivó la estación Radio Nacional. La agencia informativa Andes, así como los diarios en línea El Ciudadano y El Telégrafo, acaban de sumarse a los medios de comunicación del Estado. Doce medios de comunicación privados “incautados”, que estaban en quiebra, fueron tomados bajo control del Estado, entre ellos GamaTV y TC Televisión, engrosando la lista de los medios de comunicación progubernamentales.

Las "cadenas" (mensajes del gobierno cuya difusión es obligatoria en todos los canales y frecuencias) y los "enlaces" (discursos personales de Rafael Correa cuya difusión sabatina es opcional… aunque más vale transmitirlos) constituyen para el presidente una herramienta de enfrentamiento directo con los medios de comunicación privados y la prensa crítica. En julio de 2012 Gustavo Cortez, editor general del periódico El Universo, fue blanco de violentas acusaciones del presidente en cuatro “enlaces”. Un mes antes, César Ricaurte, director de la ONG de defensa de la libertad de expresión Fundamedios, también padeció las embestidas del presidente.

Desafortunadamente, las tensiones no acaban con este intercambio de cortesías. En 2011 se emprendieron dos procesos judiciales a solicitud del mismo Rafael Correa, contra los dos periodistas autores del polémico libro “El Gran Hermano” (sobre el hermano mayor del jefe de Estado, Fabricio Correa) y contra tres directivos del diario El Universo por “injuria calumniosa” a causa de una editorial. En este último caso, Rafael Correa perdonó a sus detractores, en febrero de 2012. No obstante, esto no impide que siga siendo posible castigar los delitos de “difamación” y de “injuria” con penas de prisión.

Los ataques personales del presidente ecuatoriano a personalidades de la oposición también tienen lugar en un nuevo contexto de represalias contra medios de comunicación audiovisuales conocidos por ser críticos del gobierno (Radio Morena, la revista Vanguardia). Unos quince de ellos han sido cerrados en el año 2012, sin que tuvieran tiempo de agotar todos los recursos a su disposición.

Finalmente, dos periodistas han sido asesinados desde el inicio del año 2012, entre ellos el fotógrafo Byron Baldeón, cuyo testimonio en un caso de robo condujo al arresto de tres policías. Sin embargo, en los dos casos aún no se esclarece si el crimen estaba relacionado con su profesión.

Ficha reactualizada en septiembre de 2012