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Colombia

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Víctima de un conflicto armado desde hace más de medio siglo, Colombia sigue siendo teatro de increíbles violaciones de los derechos humanos en las que la impunidad perdura. Aunque atenuada, la llamada política de “seguridad democrática” establecida en el doble mandato de Álvaro Uribe (2002-2010) sigue vigente bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

En el país han sido asesinados cuatro periodistas desde el inicio del año 2010; en tres de los casos el crimen está relacionado con su profesión: Rodolfo Maya Aricape, quien trabajaba para la estación comunitaria Radio Payumat en la región del Cauca (sudoeste); Clodomiro Castilla Ospina, colaborador de la radio La Voz de Montería (norte) y director de la revista El Pulso del Tiempo, y Luis Eduardo Gómez, quien radicaba en el departamento de Antioquía (centro) y colaboraba con los periódicos El Heraldo de Urabá y Urabá al día. Estos dos últimos periodistas eran testigos en el marco de las investigaciones judiciales sobre nexos entre políticos y grupos paramilitares.

Algunos grupos paramilitares, lejos de haber entregado las armas durante el proceso de “desmovilización” llevado a cabo entre 2003 y 2006, han reconstituido sus unidades. Uno de los más temidos, las “Águilas Negras”, se encuentra desde hace varios años en la lista de Predadores de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. Tampoco ha desaparecido el peligro que representan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El calvario de las radios indígenas del Cauca se debe a la vez a la presencia de paramilitares –que las consideran “objetivos militares”–, de la guerrilla y de las fuerzas armadas.

Entre febrero y marzo de 2011 circularon inquietantes correos atribuidos a las “Águilas Negras”. Estos, prometían la muerte de cinco periodistas: Hollman Morris, director del programa "Contravía"; Daniel Coronell, vicepresidente de la cadena televisiva Univisión en Estados Unidos; Marcos Perales Mendoza, director del diario Periódico Portada de Bucaramanga; Claudia Julieta Duque, de Radio Nizkor, así como Eduardo Márquez González, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

Algunos de estos periodistas forman parte de las 16 víctimas de una verdadera cacería de brujas llevada a cabo por el principal servicio de inteligencia (el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), que iba de las escuchas telefónicas (“chuzadas”) a los atentados, pasando por campañas de desacreditación emprendidas desde las más altas esferas del Estado. Álvaro Uribe fue convocado ante una comisión especial del Congreso por su presunta responsabilidad en este escándalo de envergadura que marcó su presidencia.

Los periodistas amenazados se ven a menudo obligados a la autocensura o a huir de su región, incluso del país. Mary Luz Avendaño, corresponsal del periódico El Espectador en Medellín, debió establecerse en el extranjero en agosto de 2011 tras haber revelado nexos entre bandas criminales y miembros de la policía local.

Ficha reactualizada en agosto de 2011