Las autoridades lograron así imponer un silencio mediático. En paralelo han emprendido, a través de los medios de comunicación oficiales o sometidos al poder, una verdadera campaña de propaganda contra las principales figuras del movimiento de protesta, sin dudar en presentarlos públicamente como traidores o en calificarlos de terroristas.
Tras el levantamiento del estado de emergencia y el establecimiento de un ‘diálogo nacional’, una comisión de investigación hizo público un informe, en noviembre de 2011, según el cual las fuerzas del orden eran culpables de graves violaciones de los derechos humanos. Si bien las autoridades se comprometieron a llevar a cabo cierto número de reformas, los esfuerzos siguen siendo insuficientes. La pena de siete años de prisión que enfrentan dos policías implicados en la muerte del bloguero Zakariya Rashid Hassan Al-Ashiri, fallecido el 9 de abril de 2011 cuando se encontraba detenido, parece irrisoria.
Por otra parte, los expedientes de periodistas y blogueros condenados por tribunales militares durante la rebelión popular no han sido reexaminados por jurisdicciones civiles, pese al compromiso público de las autoridades en este sentido. Es el caso del bloguero Abdeljalil Al-Singace, portavoz y director de la oficina de derechos humanos del movimiento Al-Haq, que promueve las libertades civiles y la democracia, quien fue arrestado el 17 de marzo de 2011.
Además, en vísperas del aniversario de la rebelión, en febrero de 2012, a numerosos periodistas extranjeros les negaron el visado para visitar Bahréin. Política que volvió a emplearse en el Gran Premio Fórmula 1, que se llevó a cabo en Manamá en abril de 2012. Con esta medida se busca limitar el número de testigos molestos de las manifestaciones y de su represión.
Como rey, Hamad bin Isa Al Khalifa es responsable de todas las exacciones cometidas.
