La permanencia de los Al-Saud en la cabeza del Estado y la supremacía de la ideología wahabita, se sustentan en un control absoluto de la información. Ante la falta de un marco jurídico que proteja la libertad de expresión, la autocensura es la regla. La lucha contra el terrorismo y los riesgos que implica la agitación política regional para la estabilidad del país, sirven de pretexto para restringir las libertades fundamentales. Así, los corresponsales extranjeros son acompañados sistemáticamente por funcionarios encargados de dar cuenta del contenido de su trabajo.
Arabia Saudita también es uno de los países más represivos de Internet. El 1 de enero de 2011 nuevas disposiciones reforzaron el arsenal creado en 2007. En la actualidad se encuentran bloqueados más de 400.000 sitios web. Lejos de esconderlo, las autoridades asumen su política de censura en nombre de la preservación del orden social.
Desde el advenimiento de las rebeliones árabes y el inicio del movimiento de protesta en su país vecino, Bahréin, las autoridades de Riad se esfuerzan por impedir que esta corriente llegue a Arabia Saudita. Todos los medios son buenos: bloqueo de los sitios web creados tras la estela de las manifestaciones en Túnez y en Egipto, y que piden que se efectúen reformas en el reino (http://dawlaty.info/ y http://www.saudireform.com/); bloqueo de la página Facebook "Revolutionary nostalgia"; prohibición a los periodistas extranjeros de cubrir las manifestaciones en el este del país, etc.
De forma paralela a las promesas hechas por el rey en marzo de 2011 –mejorar las condiciones de trabajo y de vivienda de los saudíes, así como su cobertura sanitaria–, se tomaron medidas de excepción para evitar todo riesgo de “desestabilización social”. En octubre de 2011 tres periodistas de una televisión en línea fueron arrestados y estuvieron detenidos debido a que en el programa “Malub Aleyna” se trató el tema de las condiciones de vida de los más desprotegidos en la capital saudí. El sitio Internet de Radio Nederland fue bloqueado tras la publicación de un texto sobre el maltrato de los inmigrantes en Arabia Saudita.
Una prueba de la implacable intolerancia de las autoridades respecto a la libertad de expresión: el periodista Hamza Kashgari se encuentra encarcelado y es procesado por haber expresado una opinión personal en línea. Podría ser condenado a la pena de muerte por tweets considerados blasfemos por las autoridades.
