En Minsk, como en otras regiones, los registros y las interpelaciones se han multiplicado. Natalia Radzina, jefa de redacción del sitio web de oposición Charter97.org, se vio obligada a huir del país. Irina Khalip, corresponsal del diario ruso independiente Novaïa Gazeta, salió de prisión, pero fue puesta bajo arresto domiciliario. Los diarios independientes nacionales se hunden por las multas, mientras que los ejemplares de ciertas publicaciones regionales simplemente son confiscados de manera regular. El régimen se venga de las sanciones de la Unión Europea con sus propios ciudadanos: periodistas independientes, miembros de la oposición y defensores de los derechos humanos descubrieron con azoro que ya no estaban autorizados a salir de país.
En resumen, los sorprendentes espacios de autonomía frente al poder que habían subsistido a pesar de todo durante dos décadas, se redujeron brutalmente. El jueguito que consiste en otorgar acreditaciones de forma selectiva obliga a algunos medios de comunicación extranjeros y a sus corresponsales a trabajar de manera ilegal –y los vuelve aún más vulnerables. Internet no podrá suplir esta ausencia de libertad: desde el año 2010 los clientes de los cibercafés, así como los usuarios de conexiones compartidas, están perfectamente identificados y ubicados, mientras que los contenidos son vigilados por un “centro analítico” incorporado directamente a la presidencia. A las puertas de la Unión Europea, Alexander Lukashenko hace todo para mantener a su país bajo control. Pero la sociedad civil resiste y espera su momento.
