La prensa chilena se encuentra menos expuesta a problemas de seguridad respecto a otros países de la región; no obstante, existe una excesiva concentración de los medios de comunicación. Algunos temas, como la situación de los indígenas Mapuches, los proyectos medioambientales o las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1990), siguen siendo muy delicados.

La prensa chilena padece una dramática concentración de los medios de comunicación, que se encuentran en manos de dos grandes grupos de comunicación: Copesa (que edita el diario La Tercera) y El Mercurio. Cada año ambos reciben del Estado el equivalente a cinco millones de dólares por concepto de anuncios oficiales, en detrimento de los medios de comunicación independientes. Este sistema de subvención, establecido bajo la dictadura del general Pinochet (1973-1990), no ha sido cuestionado desde el restablecimiento de la democracia. Más grave aún, media docena de revistas de oposición (Fortín Mapocho, Causa, Análisis) toleradas al final de la dictadura, dejó de publicarse después ante la falta de ayuda y de recursos.

Las radios comunitarias disponen de poco margen de acción en un espacio radiofónico que pertenece en más de 60% al grupo español Prisa. La ley de medios de comunicación adoptada en 1994 fue tímidamente reformada en 2007, bajo la presidencia de Michelle Bachelet. En teoría, el texto amplía la capacidad de difusión de las pequeñas radios a 25 watts –al inicio sólo se permitía un watt– y las autoriza a trasmitir publicidad de empresas presentes físicamente en su sector. Sin embargo esta reforma, emprendida demasiado tarde, nunca fue promulgada y el actual gobierno de Sebastián Piñera, en otros tiempos llamado el “Berlusconi chileno”, no tiene ningún interés en promover el mínimo cambio, teniendo en cuenta sus nexos con la prensa dominante.

Las importantes movilizaciones estudiantiles y contra el proyecto de HidroAysén (concerniente a la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia) llevadas a cabo durante el año 2011, se deben también al hartazgo de una población que se manifiesta contra los principales medios de comunicación, considerados demasiado cercanos al poder, y ante la ausencia de un pluralismo real. En mayo de 2011 en Temuco, la fotógrafa del sitio Mapuexpress, Marcela Rodríguez, fue interpelada sin miramientos, junto con otras diez personas, durante una manifestación contra el proyecto de HidroAysén. La joven corría el riesgo de purgar una pena de 300 días de prisión y pagar una multa por “desórdenes públicos”. Afortunadamente fue exonerada ocho días más tarde.

Otros temas, como la situación de los indígenas Mapuches, en el sur del país, continúan siendo muy delicados. Entre 2008 y 2010 periodistas y documentalistas chilenos y europeos que trabajaban sobre este tema fueron objeto de acciones judiciales, incluso encarcelados, bajo pretextos falaces como: “vínculos con un grupo terrorista”, “asociación ilícita para delinquir” o “violación de la propiedad privada”. Elena Varela fue arrestada en 2008 en pleno rodaje de su película Newen Mapuche –para la cual, no obstante, había recibido ayuda del Estado– y puesta en libertad en 2010. Asimismo, le negaron los recursos que solicitaba para la distribución nacional de su obra en abril de 2011, lo que permitía sospechar un acto de censura contra la cineasta. Motivo: el documental "dañaría la imagen" de la región de la Araucanía.

Ficha reactualizada en agosto de 2011