El 19 de noviembre de 2009 el Senado aprobó por unanimidad la reforma del código penal, eliminando de él cualquier posibilidad de condena a penas de cárcel por los delitos de “calumnia” (que incluye también la “difamación”) e “injurias”. La Cámara de los Diputados ya había aprobado, el pasado 28 de octubre, dicha reforma propuesta por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“En el continente se va precisando la tendencia a despenalizar los delitos de prensa, con la adecuación de las legislaciones a las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reforma impulsada por el gobierno argentino, y aprobada por el Congreso, significa una gran mejora legislativa en favor de la libertad de expresión. Argentina se suma así, entre otros, a Brasil, Uruguay y México, naciones latinoamericanas donde ya no se pueden condenar penalmente los delitos de prensa”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.

Propuesta por Cristina Kirchner en el pasado septiembre, la reforma del código penal excluye de ese terreno los delitos de “calumnia” e “injurias” que, a partir de ahora, son solo competencia de las jurisdicciones civiles. Aprobado por unanimidad en el Senado, el cambio legislativo había conseguido una votación ampliamente favorable en la Cámara de los Diputados, con 154 votos afirmativos frente a 12 negativos.

Este cambio en la legislación argentina obedece a una recomendación expresa, del pasado mayo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la que se recurrió en 1995 la sentencia de Eduardo Kimel, periodista y escritor condenado entonces a la pena de un año de cárcel y 20.000 pesos en concepto de daños y perjuicios (cantidad entonces equivalente en dólares USA), por “calumnia” e “injurias”, tras la publicación de su libro sobre la masacre de San Patricio, cuando tres sacerdotes y dos seminaristas fueron asesinados en dicha matanza ocurrida en los comienzos de la dictadura militar, en 1976. En la obra, Eduardo Kimel criticaba la lentitud de la justicia en el caso. El juez Guillermo Rivarola, que tuvo a su cargo la investigación entre 1976 y 1997, inició entonces un procedimiento contra él.

La reforma del código penal se ha producido muy cerca en el tiempo de la adopción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), que tuvo el apoyo de Reporteros sin Fronteras.